Stock Options Backdating Sarbanes Oxley

Home 187 Columnas 187 Observaciones sobre la titularidad de los empleados Retrocesión de la opción de compra de acciones y otras controversias sobre la oportunidad de la subvención Corey Rosen Julio de 2006 Decenas de compañías están siendo investigadas por la Comisión de Bolsa y Valores para opciones de stock retroactivas. El principal fiscal de la Oficina de Abogados de los Estados Unidos en el norte de California ha iniciado una serie de investigaciones y en julio emitió cargos de fraude criminal y de valores contra dos altos ejecutivos de Brocade Communications. La Oficina de Abogados del Distrito de Manhattan también ha emitido varias citaciones en el lanzamiento de una investigación criminal. La preocupación nacional por la práctica ha sido impulsada por una serie de artículos en el Wall Street Journal. Un análisis de 1.000 empresas por M. P. Narayanan y H. Nejat Seyhun de la Universidad de Michigan para el periódico mostraron que las prácticas de otorgamiento de opciones entre 2002 y 2004 a menudo no cumplen con el requisito Sarbanes-Oxley de que las concesiones de los premios a los ejecutivos sean reportadas dentro de dos días Dating Game: Los gerentes designan las fechas de la concesión de la opción para aumentar su remuneración, documento de trabajo, 4/06). Investigación previa en Erik Lie en la Universidad de Iowa encontró un patrón de opciones probables backdating en un número de compañías antes de 2002. La práctica típica era registrar una fecha anticipada con éxito fecha como la fecha de la concesión, como el punto cuando la acción había Ha estado en su nivel más bajo en los últimos meses, en lugar de la fecha en que se concedió el laudo. Las compañías que se ha encontrado que han practicado esto podrían verse obligadas a reafirmar sus ganancias. Alternativamente, una empresa podría llegar a un nivel bajo sin retroceder realmente sus opciones al otorgar premios justo antes de un importante anuncio de ganancias (positivo), una práctica conocida como carga de muelles. Una práctica más extrema y más claramente ilegal era decir que un premio fue ejercido en una fecha diferente a su fecha de ejercicio real. Al registrar el ejercicio como si hubiera ocurrido en una fecha anterior, cuando el precio de las acciones era menor, se minimizaría el impuesto sobre la renta de los ejecutivos, pero constituye un fraude fiscal. Nueva investigación (julio de 2006) de Eric Lie y Randall Heron encontró que 29,2 de las empresas que emiten opciones a ejecutivos y / o directores entre 1996 y 2002 tienen patrones de fecha de concesión que sugieren la retroalimentación u otras prácticas manipuladoras (como la carga de primavera, el anuncio de Una subvención antes de que se publiquen buenas noticias), y 23 de las opciones emitidas a los ejecutivos parecen haber sido retroactivas o cargadas por muelles. El patrón era algo más común en compañías de la tecnología, compañías más pequeñas, compañías que concedían opciones a más ejecutivos y directores, y compañías con volatilidad más alta del precio de acción. La volatilidad es especialmente significativa: 29 de las empresas con alta volatilidad parecen haber manipulado fechas de concesión, en comparación con 13 de las que tienen baja volatilidad. Las nuevas reglas bajo la ley Sarbanes-Oxley han reducido la práctica a 10 de las compañías que conceden opciones. Sólo 7,7 de las compañías que presentaron en la nueva ventana de informes de dos días para las subvenciones de opciones muestran un patrón de retroactividad, en comparación con 19,9 de las empresas que no cumplían con los requisitos. Los resultados se centraron en el 51 de las subvenciones durante el período que no se programaron y en el dinero. Un análisis separado de las subvenciones emitidas a un precio que no sea el actual de las acciones en la concesión también muestra un patrón de manipulación, pero sólo fue de unos 60 como prevalente para este tipo de premio (estos premios no eran muy comunes en el momento, sin embargo, Debido a reglas contables adversas). Más revelador, sólo 0.9 de las subvenciones programadas mostraron un patrón de tiempo fortuito, una prueba sólida de que el patrón de las subvenciones no programadas no podía ser el resultado de una variación aleatoria. Algunas de las compañías que se enredan en esto pueden haber estado cometiendo errores honestos, registrando fechas que estaban apagadas por algunos días debido a procedimientos administrativos inadecuados. (El problema administrativo podría resolverse si más empresas contrataran a personas con las habilidades adecuadas para la administración del plan de acciones, tales como aquellas con certificación del Instituto Profesional Certificado de Equidad en la Universidad de Santa Clara). También hay compañías, como Microsoft, que emitieron Las opciones en general, pero estaban preocupados de que debido a la volatilidad de sus acciones, un empleado que se unió a la empresa en un día podría obtener una opción de concesión a un precio muy diferente de uno que se unió unos días antes o después. Así, Microsoft, siguiendo el consejo de sus auditores, emitió la opción al precio más bajo durante un período de 30 días. Microsoft reconoció que hizo esto en 1999, detuvo la práctica y reafirmó sus finanzas. Otras compañías, sin embargo, pueden haber seguido el mismo patrón sin hacer estos cambios. La retroactividad no es ilegal en sí misma, pero, de acuerdo con la Ley Sarbanes-Oxley, los altos ejecutivos deben informar las subvenciones que se les hicieron dentro de los dos días de la concesión (antes de Sarbanes-Oxley, era de 45 días). Por su parte, la empresa debe informar el incumplimiento en su declaración de poder anual. Pero aparte de Sarbanes-Oxley, cuya fecha efectiva fue después de la mayoría de estas prácticas se alegó que se producen, hay una serie de potenciales otros problemas: Accionistas: Comience sus abogados Backdating será un día de campo para los abogados de valores, por una serie de razones . Primero, si una compañía dijo que estaba emitiendo opciones al valor justo de mercado, pero realmente no, los accionistas podrían demandar porque nunca aprobaron tal plan. Las normas de cotización de la Bolsa de Nueva York y NASDAQ, que se reforzaron en 2003, requieren la aprobación de los accionistas de los planes de compensación de acciones nuevos y modificados. Además, las reglas del IRS hacen que la aprobación de los accionistas sea una condición para los planes de opciones sobre acciones incentivadas por impuestos. En segundo lugar, los accionistas podrían demandar por fraude. Después de todo, la compañía realmente no reveló adecuadamente su plan o sus costos, por lo que los inversores estaban tomando decisiones basadas en información engañosa que podría haber ascendido a millones de dólares. En tercer lugar, los accionistas podrían demandar por un despilfarro de activos corporativos, alegando que el ejecutivo no necesita realmente todo ese dinero extra para estar motivado para hacer el trabajo. La SEC estará muy, muy ocupada: los abogados todavía no han resuelto todas las violaciones que podrían estar involucradas con la retroactividad. Si un ejecutivo tiene opciones de tiempo justo antes de la liberación de datos que afectan el precio de las acciones, thats potencialmente información privilegiada. Si las opciones se concedieron de una manera no conforme con el plan, eso podría significar que no se hicieron las revelaciones apropiadas del ejecutivo a la SEC. Si la norma de dos días para notificar subvenciones fue efectivamente violada (debido a que la fecha de concesión fue rechazada más de dos días sobre lo que la compañía realmente reclamó), entonces las leyes de valores se violan de nuevo. El déficit de los gobiernos puede reducirse: No está totalmente claro cómo se aplicarán las nuevas reglas sobre la imposición de la compensación diferida a las opciones retroactivas emitidas antes de la fecha de vigencia de las nuevas reglas de compensación diferida según la Sección 409A del Código de Rentas Internas. La compensación diferida será gravada gravemente a menos que el destinatario especifique bien por adelantado cuando la concesión sería pagada. Opciones por lo general no requieren una elección anticipada (puede ejercitar cada vez que te gusta una vez que son adquiridos hasta que expiran thats por qué son tan atractivos). Las subvenciones por opción a valor razonable de mercado no están cubiertas por la Sección 409A, pero las opciones descontadas son. Si las opciones fueran ejercidas antes de la fecha efectiva, no debería ser un problema, pero si no lo hubieran sido, entonces la ley parece decir que el plan tendría que ser modificado a finales de este año para evitar impuestos punitivos a continuación - las subvenciones al mercado de opciones. Esa modificación, a su vez, significaría que el ejecutivo tendría que pagar a la compañía la diferencia para que la subvención fuera a su justo valor de mercado o pagar los impuestos punitivos. Más claro es que si las opciones eran opciones de acciones de incentivo - una clase de opción que calificaba al tenedor para el tratamiento de ganancias de capital en la venta en lugar del ingreso ordinario en el ejercicio de una opción - entonces la retroactividad descalificaría la opción como una opción de incentivo , Y el ejecutivo debía impuestos atrasados ​​de largo plazo en el premio ejercido, incluso si la acción todavía no había sido vendida. Si la fecha de ejercicio es falsa, eso significa que la compañía ha subcontratado impuestos sobre el ejercicio. Y eso significa que debe al gobierno, con sanciones e intereses. Las reglas para registrar el impacto de los gastos de las opciones han cambiado, pero bajo las viejas reglas y las nuevas reglas, fingiendo que los premios fueron concedidos a un precio que no estaban obligando a las empresas a retroceder y reformular las ganancias . A los inversionistas nunca les gusta reafirmar ganancias. Las reglas de la bolsa de valores para la aprobación de los accionistas de los planes de opciones no incluyen disposiciones diciendo que su OK para tener los accionistas aprueban los premios realizados en la fecha de concesión justo valor de mercado cuando en realidad emitir opciones con descuento. Así que el comercio de sus acciones de la compañía puede ser suspendido hasta que el problema se soluciona. Esto también no es un favorito de los inversores. La regla de un millón de dólares puede haber sido violada: Las empresas pueden tomar deducciones fiscales por compensación a los ejecutivos de más de 1 millón sólo si se basa en el rendimiento. Opciones retroactivas no lo son, por lo que puede haber multas fiscales. El Impuesto Mínimo Alternativo que usted pagó puede ser justo el comienzo: Los empleados que tienen opciones de acciones de incentivo no tienen que pagar ningún impuesto cuando ejercen la opción, sólo cuando venden las acciones (siempre que mantengan las acciones durante un año después del ejercicio y dos Años después de la concesión). En la venta, sólo pagarían impuestos sobre ganancias de capital. Pero pueden estar sujetos al Impuesto Mínimo Alternativo (AMT), exigiéndoles que cuenten el diferencial sobre la opción en el ejercicio como un ítem de preferencia que se agregará a sus ingresos imponibles para el año siguiente. Muchos empleados (especialmente ejecutivos) se han mantenido en las opciones después de ejercicio durante al menos un año y pagado la AMT. Pero las opciones retroactivas no pueden ser opciones de incentivos porque las opciones de incentivos deben ser emitidas al valor justo de mercado. Así que eso significa que ahora deben impuestos sobre el ejercicio de la opción de años atrás. No está claro si pueden obtener sus impuestos AMT de vuelta. Aquí vienen las demandas Como se escribió esto en julio, las muchas demandas que inevitablemente se presentará contra las empresas acusadas de backdating acaba de comenzar. Los primeros han estado en contra de la compañía de carteles por estas acusaciones, United Health Group en Minnesota. La acción de la compañía había funcionado muy bien, aunque en 2006, después de que las acusaciones salieran a la superficie, anunció que sería reestablecer las ganancias. Una preocupación particular fue el CEO William McGuire, que tenía un estimado de 1.600 millones de dólares en premios de opciones. Un análisis de la probabilidad de que las opciones de McGuires hubiesen podido ser tan satisfactoriamente tiempos como eran demostraron que las probabilidades eran millones contra uno. El 19 de abril de 2006, el Procurador General de Minnesota, Mike Hatch, pidió intervenir en una demanda de accionista contra United Health Group (Brandin v. McGuire, No. 06-CV-1216, D. Minn., Presentada el 4/19/06). La moción dice que la oficina tiene un interés en proteger los derechos de los intereses de los ciudadanos de Minnesotans. El Estado, sin embargo, no ha tomado una posición sobre el fondo de las reclamaciones. Hatch dijo que la importancia de la compañía para el sistema de salud de los estados significa que si había costos sustanciales e injustificados, Minnesotans podría ser perjudicado. La teoría legal aquí involucrada podría abrir la puerta para otras intervenciones en asuntos de compensación de ejecutivos potencialmente abusivos. Poco después, dos fondos públicos de pensiones en Ohio indicaron que también demandarán a United, seguido por un fondo de retiro para Pirelli Armstrong Tire. Basta parece nunca ser suficiente La compensación ejecutiva excesiva parece ser un problema que simplemente no desaparecerá porque la compensación excesiva de ejecutivos no desaparecerá. La teoría parece ser que un buen CEO vale cualquier precio que pague una empresa, sin importar que la compensación podría literalmente superar el PNB de algunos países o ser suficiente para contratar a cientos de empleados talentosos. Cualquier ganancia que una empresa hace se supone que es el único resultado de la extraordinaria sabiduría de esta persona muy especial, no los esfuerzos colectivos de cientos o miles de empleados. Su demostrable litera, pero luego la gente que establece pago de ejecutivos operan en un universo paralelo. A pesar de todos los editoriales, todos los cambios en las reglas contables, y todas las nuevas leyes, nada parece cambiar mucho, excepto la manera particular en la que tantos ejecutivos reciben exceso de pago. Lo más probable es que esta práctica en particular se vaya ahora, pero otra surgirá demasiado pronto. Enfocando en quién, no sólo cuánto Tan importante como el tema de la compensación por equidad ejecutiva es, no debe cegarnos a una preocupación más importante. La investigación ha demostrado claramente que los premios de acciones ampliamente otorgados mejoran el rendimiento corporativo, las subvenciones concentradas lo obligan a reducirse (los detalles se encuentran en el artículo Opciones de acciones ampliamente otorgadas para mejorar el rendimiento corporativo). Sin embargo, en todas las muchas discusiones sobre este escándalo, y otros que lo han precedido, casi nunca se plantea la cuestión de quién debería recibir premios. Y eso puede explicar por qué el problema de la compensación de los ejecutivos no ha sido abordado efectivamente. No importa cuántas prácticas particulares puedan ser desacreditadas, el consenso parece permanecer que el éxito corporativo es atribuible a muy pocas personas en la parte superior, con todos los demás casi como piezas reemplazables. Esa teoría es simplemente errónea. Los peligros de las opciones de retrocesión ¿Alguna vez deseaste que pudieras volver atrás las manos del tiempo Algunos ejecutivos tienen, bueno, al menos cuando se trata de sus opciones sobre acciones. Con el fin de obtener un beneficio en el primer día de una subvención de opciones, algunos ejecutivos simplemente retroalimentan (establecen la fecha a una hora anterior a la fecha de la concesión) el precio de ejercicio de las opciones hasta una fecha en que la acción se cotizaba a una menor nivel. Esto a menudo puede dar lugar a beneficios instantáneos En este artículo, explorar bien qué opciones de retroactualización es y lo que significa para las empresas y sus inversores. Ver: Opciones de acciones de empleados es esto realmente legal La mayoría de las empresas o ejecutivos evitar opciones backdating ejecutivos que reciben opciones de compra como parte de su compensación, se les da un precio de ejercicio que es equivalente al precio de cierre de las acciones en la fecha de la concesión de opciones. Esto significa que deben esperar a que la población a apreciar antes de hacer cualquier dinero. Si bien puede parecer sombrío, las empresas públicas normalmente pueden emitir y fijar precios de las opciones de compra de acciones que consideren apropiadas, pero todo dependerá de los términos y condiciones de su opción de compra de acciones programa. Sin embargo, al conceder las opciones, los detalles de la subvención deben ser revelados, lo que significa que una compañía debe informar claramente a la comunidad de inversionistas de la fecha en que se otorgó la opción y el precio de ejercicio. Los hechos no pueden ser confusos o confusos. Además, la compañía también debe tener debidamente en cuenta el gasto de la concesión de opciones en sus finanzas. Si la empresa establece los precios de las opciones de subvención muy por debajo del precio de mercado, que instantáneamente se generará un gasto, que cuenta con los ingresos. La preocupación retroactiva ocurre cuando la compañía no divulga los hechos detrás de la datación de la opción. (Para obtener más información, lea El verdadero costo de las opciones de acciones. La polémica sobre el exceso de opciones y un nuevo enfoque de la equidad de compensación.) En resumen, es esta falta de revelar - en lugar del proceso de backdating en sí mismo - que es el quid de la Opciones escándalo de retroceso. Whos a culpar Para ser claro, la mayoría de las empresas públicas manejar sus programas de opciones de acciones de los empleados de la manera tradicional. Es decir, otorgan a sus ejecutivos opciones sobre acciones con un precio de ejercicio (o precio al que el empleado puede comprar las acciones ordinarias en una fecha posterior) equivalente al precio de mercado en el momento de la concesión de la opción. También revelan completamente esta compensación a los inversionistas, y deducen el costo de emitir las opciones de sus ganancias como están obligados a hacer bajo la Ley Sarbanes-Oxley de 2002. Pero, hay también algunas compañías hacia fuera allí que han doblado las reglas ocultando el backdating de inversionistas, y también no poder reservar la concesión (s) como coste contra ganancias. En la superficie - por lo menos en comparación con algunos de los ejecutivos shenanigans otros han sido acusados ​​en el pasado - las opciones de retroceso escándalo parece relativamente inocuo. Pero en última instancia, puede resultar muy costoso para los accionistas. Costo para los accionistas El mayor problema para la mayoría de las empresas públicas será la mala prensa que reciben después de que se imponga una acusación (de retrocesión) y la consiguiente caída en la confianza de los inversionistas . Si bien no es cuantificable en términos de dólares y centavos, en algunos casos, el daño a la reputación de la empresa podría ser irreparable. Otra posible bomba de tiempo, es que muchas de las compañías que son atrapadas doblando las reglas probablemente serán requeridas a replantear sus finanzas históricas para reflejar los costos asociados con las concesiones de opciones anteriores. En algunos casos, las cantidades pueden ser triviales. En otros, los costos pueden ser de decenas o incluso cientos de millones de dólares. En el peor de los casos, la mala prensa y reajustes puede ser la menor de las preocupaciones de una empresa. En esta sociedad litigiosa, los accionistas casi seguramente presentarán una demanda colectiva contra la compañía por presentar reportes de ganancias falsas. En el peor de los casos de opciones de retroceso de abuso, la bolsa de valores en la que la empresa infractora acciones de comercio y / o organismos reguladores como la Securities and Exchange Commission (SEC) o Asociación Nacional de Valores Dealers puede imponer multas sustanciales contra la empresa por perpetrar fraude . Los ejecutivos de compañías involucradas en escándalos de retrocesión también pueden enfrentar una multitud de otras penas de diversos organismos gubernamentales. Entre las agencias que podrían estar llamando a la puerta están el Departamento de Justicia (por mentir a los inversionistas, que es un crimen), y el IRS por presentar declaraciones de impuestos falsas. Claramente, para aquellos que poseen acciones en empresas que no juegan por las normas, las opciones de retroactualización plantea serios riesgos. Si la empresa es castigada por sus acciones, su valor es probable que caiga sustancialmente, poniendo un gran énfasis en las carteras de accionistas. Un ejemplo de la vida real Un ejemplo perfecto de lo que puede suceder a las empresas que no juegan por las normas se pueden encontrar en una revisión de Brocade Communications. La conocida empresa de almacenamiento de datos supuestamente manipuló sus opciones de compra de acciones para asegurar los beneficios de sus altos ejecutivos y luego no informó a los inversionistas, ni para explicar el costo de las opciones adecuadamente. Como resultado, la compañía se ha visto obligada a reconocer un aumento en los gastos por acción de 723 millones de euros entre 1999 y 2004. En otras palabras, tuvo que reajustar las ganancias. También ha sido objeto de una denuncia civil y penal. El costo total para los accionistas, en este caso, ha sido asombroso. Aunque la compañía continúa defendiéndose contra los cargos, su acción ha caído por más de 70 entre 2002 y 2007. ¿Cómo grande es el problema? Según un estudio de 2005 de Erik Lie en la universidad de Iowa, más de 2.000 compañías utilizaron opciones backdating En alguna forma para recompensar a sus altos ejecutivos entre 1996 y 2002. Además de Brocade, varias otras compañías de alto perfil se han embrollado en el escándalo de retroceso también. Por ejemplo, a principios de noviembre de 2006, UnitedHealth informó que tendría que replantear las ganancias de los últimos 11 años, y que el monto total de la reexpresión (relacionado con los gastos de opciones impagados) podría acercarse, o incluso superar, 300 millones. Continuará mientras que los informes de las indiscreciones pasadas son probables continuar a la superficie, la buena noticia es que las compañías serán menos probables engañar a inversionistas en el futuro. Esto es gracias a Sarbanes-Oxley. Antes de 2002, cuando la legislación fue adoptada, un ejecutivo no tuvo que revelar sus opciones de compra de acciones hasta el final del año fiscal en el que se llevó a cabo la transacción o la subvención. Sin embargo, desde Sarbanes-Oxley, las subvenciones deben presentarse electrónicamente dentro de los dos días hábiles siguientes a la emisión o concesión. Esto significa que las corporaciones tendrán menos tiempo para retroceder sus concesiones o tirar de cualquier otro engaño detrás de las escenas. También proporciona a los inversores acceso oportuno a la información de precios (de subvención). Más allá de Sarbanes-Oxley, la SEC aprobó cambios en las normas de cotización de la NYSE y el Nasdaq en 2003 que requieren la aprobación de los accionistas para los planes de compensación. También aprobó los requisitos que obligan a las compañías a describir los detalles de sus planes de compensación para sus accionistas. A pesar de que es probable que surjan más culpables del escándalo de retrocesión de opciones, debido a que se han establecido estándares como Sarbanes-Oxley, se supone que será más difícil para las empresas públicas o sus ejecutivos esconder los detalles de la equidad Planes de compensación en el futuro. Esta organización dinámica es una fuerza prominente en los ámbitos judicial y regulador, promoviendo el crecimiento económico y permitiendo que la libre empresa prospere. (Leer más sobre este tema, echa un vistazo a los beneficios y el valor de las opciones sobre acciones. Si usted comparte mis creencias de que la capacidad de nuestro país para competir en la economía mundial no debe ser obstaculizada por la regulación excesiva y las decisiones judiciales injustificadas, le animo a unirse a WLF en la defensa de la libre empresa. El Honorable Dick Thornburgh Asesor Legal, KL Gates LLP y Presidente Emeritus, WLF Consejo de Asesoría Legal de la Legislación Detalle de la Publicación Los casos de retrocesión de la opción de compra reflejan los costos de la sobrecriminalización Tema: Responsabilidad Penal Corporativa Sarah Hody, asociada de verano en el bufete Fiore Levine, Arlington, Virginia, y Martin Kwedar, un abogado de interés público en Arlington, Virginia. Antecedentes legales. 23 de julio de 2010, 24 de julio de 2010 (Vol. 25 No. 26) Tras los juicios sensacionalistas de los ejecutivos de Enron y Worldcom, el público ha Una percepción intensamente negativa de la frase quotestock-option backdating. quot Contrariamente a los informes de los medios de comunicación de la práctica, la retroactividad de stock-option no es per se ilegal. Las citas de opciones son legales siempre y cuando existan las tres condiciones: (1) el directorio de la compañía ha autorizado la retroactividad, (2) la retroactividad ha sido revelada completamente y (3) la compañía ha reportado la transacción bajo las leyes fiscales apropiadas. 1 Este FONDO LEGAL ilustrará cómo los requerimientos de presentación de la Comisión de Valores y Bolsa (quotSECquot) a raíz de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 (quotSOXquot) 2 provocan una conducta impropia del fiscal. Al examinar las recientes acciones criminales contra los ejecutivos de Broadcom como una anécdota ilustrativa, el artículo muestra cómo la indiscriminación fiscal no sólo daña la vida de personas inocentes a costa de los contribuyentes, sino que también puede complicar la persecución de condenas contra los culpables reales. Los fiscales ciertamente pueden abordar los problemas reflejados en los procesos de Broadcom al ejercer mayor moderación y respeto por el estado de derecho. Sin embargo, un elemento de disuasión mucho más eficaz contra la superación inevitable es moderar el incentivo subyacente: leyes penales federales vagas. Una mayor precisión en nuestras leyes penales reducirá las oportunidades de abuso, al tiempo que aumenta la probabilidad de que las partes culpables sean condenadas. Opciones sobre acciones, retrocesión y SOX Las opciones sobre acciones son contratos que los empleadores otorgan a los empleados como una forma de compensación. Con una opción, el empleado tiene el derecho de comprar una acción a un precio de cotización. Ese precio generalmente se correlaciona con el precio de venta del día en que se concedió la opción. 3 Si sube las acciones de la empresa, el empleado puede esencialmente aumentar sus ingresos mediante la compra de acciones al precio más bajo, como se especifica en la opción. De esta manera, las opciones sobre acciones sirven como una forma efectiva de compensación al ejecutivo, ya que crean un incentivo financiero para que el ejecutivo tome acciones que beneficien a la compañía. 4 Cuando una empresa otorga opciones sobre acciones a sus ejecutivos, deben presentar informes a la SEC. La retroactividad de las opciones se produce cuando el empleado manipula la fecha en que se concedió la opción. Por ejemplo, supongamos que un ejecutivo recibe una opción el 15 de abril, cuando el precio de las acciones de la compañía es 40. A continuación, suponga que el 15 de marzo el precio de las acciones de la compañía fue de sólo 30. Si la presentación de la SEC representa que la opción fue otorgada el 15 de marzo, El ejecutivo hace un extra de 10 beneficios por acción. Este tipo de manipulación de precios es legal, siempre y cuando haya sido autorizado por el directorio de la compañía, totalmente divulgado a los accionistas, e informado al gobierno bajo leyes apropiadas. 5 Antes de la promulgación de SOX en 2002, una compañía tenía 45 días para presentar un aviso de una concesión de opciones con la SEC. Con el paso de SOX, la ventana de 45 días para retroceder legalmente las opciones de acciones se redujo a dos días. 6 La justificación para limitar la retroactividad es que la práctica beneficia a los ejecutivos al tiempo que repercute en la rentabilidad de la compañía y sus accionistas. Faltando el bosque para los árboles: la acusación de Broadcom En 2007, Broadcom tomó cargas de 2.2 mil millones a ganancias pasadas para fijar opciones malentradas. Como resultado, Broadcom enfrentó una demanda colectiva, así como acciones civiles y criminales contra los ejecutivos de la compañía por su participación. 8 El pleito colectivo se estableció para 160 millones a finales de diciembre de 2009. 9 Fiscales federales presentaron cargos penales contra los cofundadores de Broadcom Henry Samueli y Henry Nicholas y el ex jefe financiero Bill Ruehle en el Distrito Sur de California. 10 Samueli inicialmente accedió a entablar una declaración de culpabilidad por un cargo de violar 18 Estados Unidos. segundo. 1001 - mintiendo a la SEC -, pero Saumeli insistió más tarde que sólo lo hizo debido a un trato injusto por parte del gobierno. 11 Nicholas se enfrentó a una serie de cargos, incluyendo: fraude de valores de conspiración hacer declaraciones falsas en los informes presentados ante la SEC falsificación de libros y registros corporativos servicios honestos fraude de correo fraude de servicios honesto y ayudar y fomentar cada uno de estos actos. 12 En una acusación separada, Nicholas fue acusado de proporcionar cocaína y éxtasis a sus colegas. Esa acusación también alegó que Nicholas frecuentemente se entregó a la contratación de prostitutas. 13 cargos de Ruehle39s incluyen: fraude de la conspiración fraude certificación falsa de informes financieros dos cuentas de hacer declaraciones falsas en los informes archivados con la SEC que miente a los contables cinco cuentas de la falsificación de los libros y de los registros corporativos servicios honestos fraude del correo servicios honestos fraude del alambre y ayudando y complaciendo cada uno De estos actos. 14 Cuando los otros dos casos penales fueron juzgados, el juez federal Cormac Carney trató de impedir la presentación de las declaraciones hechas por Ruehle al abogado corporativo de Broadcom durante la investigación interna anterior. Puesto que los mismos abogados representaban a Ruehle en su defensa civil, la opinión del juez Carney era que las declaraciones debían estar protegidas por el privilegio entre abogado y cliente. Rechazando esa idea, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito determinó que Ruehle no hizo esas declaraciones en confianza, y por lo tanto no estaban protegidos por ese privilegio. Los abogados de Ruehle querían llamar a Samueli y el ex asesor general David Dull para que testificaran en la defensa de Ruehle39, pero ambos indicaron que no testificarían a menos que recibieran inmunidad. 18 Los fiscales, que normalmente tienen el poder de otorgar inmunidad, se negaron a hacerlo. Presumiblemente, el juez Carney quiso escuchar su testimonio, porque tomó el raro paso de otorgar inmunidad a pesar de la decisión del fiscal. Los jueces sólo pueden tomar tal acción cuando parece que la fiscalía está tratando de retener evidencia relevante del jurado. Por lo tanto, al conceder la inmunidad, 19 la jueza Carney envió una fuerte señal de que sospechaba una improcedencia procesal. Si ya no se había cometido una conducta acusatoria, ciertamente comenzó después de que el juez Carney concediera inmunidad a Samueli y Dull. Uno de los fiscales llamó al abogado de Dull y esencialmente amenazó con presentar cargos por perjurio si Dull testificaba como lo hizo en el caso civil. Además, el fiscal se ofreció a quotgo softquot en Dull durante el interrogatorio si él atestiguara que había perdido la fe en la integridad de Ruehle. 20 Ese mismo fiscal más tarde admitió que había filtrado información a la prensa con respecto a los procedimientos del gran jurado, lo que la jueza Carney calificó de mala conducta quoteshamefulquot prosecutorial. 21 El 15 de diciembre de 2009, el juez Carney despidió con perjuicio los 14 cargos de fraude y conspiración contra Ruehle, así como las acusaciones restantes contra Nicholas. Por lo menos una de las razones citadas para el despido del juez Carney se relacionó con la intimidación del fiscal de Dull y otros testigos. Sin embargo, aún más sorprendente fue la decisión del juez Carney de desalojar la declaración de culpabilidad de Samueli. Después de escuchar el testimonio de Samueli sobre Ruehle, el juez Carney expresó que estaba tan perturbado por las acciones del gobierno que decidió dar a los acusados ​​todos los descansos. 23 Vale la pena señalar que Ruehle nunca tuvo que testificar en su propia defensa, ya que Dull y Samueli hicieron un trabajo suficiente de eso. 24 El 4 de febrero de 2010, el gobierno dejó caer el último caso que rodeaba el esquema de retroalimentación de Broadcom. El juez Carney dejó espacio para que la SEC volviera a presentar su caso civil contra los cuatro ejecutivos de Broadcom, pero indicó que no creía que ese caso tuviera éxito. 25 En documentos judiciales, la SEC anunció que no seguiría el caso. 26 Si los ejecutivos de Broadcom merecían estar en la corte o no, la mala conducta de la fiscalía fue la razón principal por la cual el gobierno dejó caer las causas de la acción. Dos maneras que los fiscales excesivamente excusaron la Regla de la Ley Tanto si los ejecutivos de Broadcom39 como las prácticas anticuadas violaron SOX es algo que un tribunal nunca decidirá. Sin embargo, el caso de Broadcom presenta dos lecciones importantes con respecto a la erosión del imperio de la ley a través de una conducta impropia de la fiscalía. Primero, si los ejecutivos no se involucraban en conductas delictivas, entonces los fiscales no tenían ningún negocio en perseguir acusaciones en primer lugar. En segundo lugar, si las acciones de los ejecutivos eran verdaderamente ilegales, la excesiva zozobra de la fiscalía obstaculizaba un procesamiento penal meritorio. Las acusaciones de retroactividad surgieron durante 1998 hasta el primer trimestre de 2006. Luego, la retroactividad hasta 45 días antes de la notificación formal fue una práctica legal. Además, no todos los acusados ​​siguieron siendo funcionarios de Broadcom hasta 2006. Nicholas renunció a su puesto a principios de 2003. 27 Así que aunque la práctica de backdating siempre pudo ser cuestionable debido a su impacto en el fondo de la compañía, es posible que ninguno Los ejecutivos sabían que estaban participando en conductas delictivas. Si los ejecutivos de Broadcom deliberadamente participan en conductas delictivas, el mejor interés de la sociedad y el imperio de la ley exigen que sean penalmente castigados. Sin embargo, esos mismos intereses requieren que se protejan los derechos del acusado y se respete la presunción de inocencia. La situación de Broadcom ilustra lo que puede suceder cuando un fiscal intenta superar esa presunción de inocencia a través de la sobrecarga: el excesivo abuso de delincuentes impide las condenas penales. En este caso, un tribunal no tuvo la oportunidad de decidir el caso sobre el fondo. Más bien, el juez determinó que la conducta inapropiada del fiscal hizo que el juicio fuera tan injusto que el interés de la justicia exigía el despido de todos los cargos. La anécdota de Broadcom ilustra cómo los fiscales excesivos erosionan el estado de derecho. Por tener demasiado fuerte de una mentalidad adversaria, los fiscales se centran en ganar el caso y perder de vista el objetivo final de administrar la justicia. Es muy posible que los ejecutivos de Broadcom participen en algunas actividades inapropiadas, ya sea relacionadas con la retroactividad o las drogas ilegales. Pero debido a una mayor motivación para ganar que para administrar la justicia, los fiscales se inclinaron para intimidar a los testigos, filtrar información al público, retener pruebas relevantes del jurado y violar el privilegio de abogado-cliente. Una de las maneras más eficaces de solucionar el problema de los fiscales excesivos es eliminar leyes criminales vagas y ambiguas por completo. La Cuarta, Quinta y Sexta Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos garantiza los derechos contra las búsquedas y las incautaciones irrazonables, para confrontar a los testigos opuestos, con un jurado de pares y otros derechos enumerados para conferir una garantía general a un juicio justo. Con las leyes penales federales como las vagas infracciones de retrocesos, la recientemente debilitada pero todavía discutiblemente abierta ley de fraude de servicios honestos, y otros, los fiscales tienen gran latitud para elegir un objetivo y procesar a esa persona como un criminal. Al eliminar los delitos federales ambiguos, los fiscales se verán obligados a centrarse en los casos en que se produjeron violaciones concretas y criminales de la ley. Sarah Hody es asociada de verano en el bufete de abogados Fiore amp Levine, PLLC en Arlington, Virginia. Martin Kwedar es un abogado de interés público en Arlington, Virginia. 1. M. P. Narayanan, Cindy A. Schipani H. H. Neiat Seyhun, El impacto económico de la retroactividad de las opciones de compra de acciones ejecutivas. 105 Mich. L. Rev. 1597, 1601 - 02 (2007). 2. Ley Sarbanes-Oxley de 2002, Pub. L. No. 107 - 204, 116 Stat. 745 (codificado en secciones dispersas de 11, 15, 18, 28 y 29 U. S.C. (Suplemento III 2003)). 3. Brian J. Hall y Kevin J. Murphy, The Trouble with Stock Options. 17 J. Econ. Perspectivas 49, 50 (2003). 4. Id. En 49. 5. Narayanan, supra, n. 1, en 1601-02. 6. Jesse M. Fried, Opción Backdating y sus Implicaciones. 65 amp de lavado Lee L. Rev. 853, 882 - 83 (2008). 7. Dan Nystedt, Broadcom Toma Massive 2.24B Cargo de retroceso. 24 de enero de 2007, www. infoworld / d / security-central / broadcom-takes-massive-224b-backdating-charge-072. 8. Gillian Flaccus, SEC descarta acción civil contra ex ejecutivos de Broadcom después de un caso criminal lanzado en California. 4 de febrero de 2010, blog. taragana / business / 2010/02/04 / sec-gotas-civil-acción-contra-ex-broadcom-ejecutivos-después-criminal-case-tossed-in-california-28340 /. 9. Associated Press, NYTimes, Broadcom a Settle Backdate Suit por 160 millones. 29 de diciembre de 2009, www. nytimes / 2009/12/30 / technology / companies / 30broadcom. 10. Peter J. Henning, How the Broadcom Backdating Case Has gone Awry . Dec. 14, 2009, dealboo k. blogs. nyti mes/2009/12/14/how-the-broadcom-backdating-case-has-gone-awry/. 11. Henning, supra . norte. 10. 12. 18 U. S.C. sec. 371 18 U. S.C. 39 1348 15 U. S.C. sec. 78m(a)(2) and 78ff, 17 C. F.R. 240.12b-20 and 240.13a-13 and 18: 2 15 U. S.C. sec. 78m(b)(2)(A), 78m(b)(5), and 78ff, 17 C. F.R. 240.13b2-1 and 18: 2 18 U. S.C. sec. 1341, 1346 and 18 U. S.C. sec. 1343, 1346. Information retrieved through pacer. login. uscourts. gov/. 13. Stuart Pfeifer, New Court Victory for Broadcom Co-Founder Henry Nicholas as Drug Charges are Dropped . Jan. 29, 2010, articles. latimes/2010/jan/29/bu siness/la-fi-broadcom29-2010jan29. 14. 18 U. S.C. sec. 371 18 U. S.C. sec. 1348 18 U. S.C. sec. 1350(c)(1) 15 U. S.C. sec. 78m(a)(2) and 78ff, 17 C. F.R. 240.12b-20 and 240.13a-13 and 18: 2 15 U. S.C. sec. 78m(b)(2)(B) and 78ff 17 C. F.R. 240.13b2-2 and 18: 2 15 U. S.C. sec. 78m(b)(2)(A), 78m(b)(5), and 78ff, 17 C. F.R. 240.13b2-1 and 18: 2 18 U. S.C. 39 1341, 1346 and 18 U. S.C. sec. 1343, 1346. Information retrieved through pacer. login. uscourts. gov/. 15. Henning, supra . norte. 10. 16. Id. 17. Dull was sued for securities fraud by the SEC, but did not receive any criminal charges. He testified that he did not believe the options had been improperly backdated. 18. Henning, supra . norte. 10. 19. Id. 20. Id. 21. Gillian Flaccus, Federal Judge Tosses Charges Against 2 Former Broadcom Execs in Stock-Option Backdating Case . Dec. 15, 2009, blog. taragana/business/2009/12/15/federal-judge-tosses-charges-against-2-former-broadcom-execs-in-stock-option-backdating-case-11844/ . 22. Pfeifer, supra . norte. 14. 23. Henning, supra . norte. 10. 24. Id. 25. Dealbook, NYTimes, S. E.C. Drops Action Against Broadcom Execs . Feb. 5, 2010, dealbook. blogs. nytimes/2010/02/05/sec-drops-civil-action-against-broadcom-executives/. 26. Id. 27. Arik Hesseldahl, Broadcom CEO Nicholas Resigns . Jan. 23, 2003, www. forbes/2003/01/23/cxah0123brcm. Former UnitedHealth Group CEO/Chairman Settles Stock Options Backdating Case for 468 Million Settlement Is Largest to Date in an Options Backdating Case FOR IMMEDIATE RELEASE 2007-255 Washington, D. C. Dec. 6, 2007 - The Securities and Exchange Commission today announced a record 468 million settled enforcement action in an options backdating case against William W. McGuire, M. D. the former Chief Executive Officer and Chairman of the Board of UnitedHealth Group Inc. The settlement is the first with an individual under the clawback provision (Section 304) of the Sarbanes-Oxley Act to deprive corporate executives of their stock sale profits and bonuses earned while their companies were misleading investors. The Commissions complaint alleges that during a 12-year period, McGuire repeatedly caused the company to grant undisclosed, in-the-money stock options to himself and other UnitedHealth officers and employees without recording in the companys books and disclosing to shareholders material amounts of compensation expenses as required by applicable accounting rules. Without admitting or denying the SECs charges, McGuire agreed to a 468 million settlement that includes a 7 million civil penalty and reimbursement to the Minneapolis-based health care company for all incentive - and equity-based compensation he received from 2003 through 2006. Whenever a corporate officer misleads investors about a companys performance by secretly backdating stock options, the integrity of our markets is undermined, said SEC Chairman Christopher Cox. As demonstrated in this case, the SEC is committed to holding corporate officers accountable for illegally backdating stock options and will seek the return of undeserved compensation. Linda Chatman Thomsen, Director of the SECs Enforcement Division, said, The 468 million settlement in this case, including the largest penalty assessed against an individual in an options backdating case, reflects the magnitude and scope of Dr. McGuires misconduct. The Commissions complaint alleges that from at least 1994 through 2005, McGuire looked back over a window of time and picked grant dates for UnitedHealth options that coincided with dates of historically low quarterly closing prices for the companys common stock, resulting in grants of in-the-money options. According to the complaint, McGuire signed and approved backdated documents falsely indicating that the options had actually been granted on these earlier dates when UnitedHealths stock price was at or near these low points. These inaccurate documents caused the company to understate compensation expenses for stock options, and were routinely provided to the companys external auditors in connection with their audits and reviews of UnitedHealths financial statements. According to the SECs complaint, UnitedHealth filed with the Commission quarterly and annual reports, proxy statements, and registration statements that McGuire knew, or was reckless in not knowing, contained materially false and misleading statements concerning the true grant dates and proper exercise prices of stock options. Because of McGuires misconduct, investors were misled to believe that stock options were granted with strike prices not less than the fair market value of UnitedHealths stock on the date of grant and in accordance with the terms of the companys stock option plans. In March 2007, UnitedHealth restated its financial statements for each year from 1994 through 2005, and disclosed material cumulative pre-tax errors in stock-based compensation accounting that totaled 1.526 billion for that period. The Commissions complaint further alleges that from 1994 through 2005, McGuire personally received more than 44 million split-adjusted UnitedHealth options, most or all of which were backdated. McGuire exercised and sold more than 11 million of these backdated options for an in-the-money gain of more than 6 million. McGuire also received nearly 5 million of incentive-based cash bonuses in 2005 and 2006 tied to earnings per share targets that UnitedHealth would not have achieved under financial statements restated due to errors in stock-based compensation accounting. Without admitting or denying the allegations of the Commissions complaint, McGuire consented to the entry of an order permanently enjoining him from violating or aiding and abetting violations of the antifraud, reporting, record-keeping, internal controls, proxy statement, certification, and securities ownership reporting provisions of the federal securities laws, and barring him from serving as an officer or director of a public company for a period of 10 years. McGuire will (i) disgorge ill-gotten gains of 10,997,596 with 1,697,492 in prejudgment interest, (ii) pay a 7 million civil penalty, and (iii) pursuant to Section 304 of the Sarbanes-Oxley Act, reimburse UnitedHealth for all incentive - and equity-based compensation he received from 2003 through 2006, totaling approximately 448 million in cash bonuses, profits from the exercise and sale of UnitedHealth stock, and unexercised UnitedHealth options. Under the terms of the settlement, McGuires disgorgement plus prejudgment interest and his Section 304 reimbursement would be deemed satisfied by his return to UnitedHealth of approximately 600 million in cash and UnitedHealth options pursuant to the terms of his separate settlement with the company, also announced today, resolving employment claims and shareholder derivative lawsuits filed against McGuire in state and federal courts in Minnesota. McGuires settlement with the SEC is subject to the approval of the U. S. District Court for the District of Minnesota. The Commission acknowledges the assistance of the U. S. Attorneys Office for the Southern District of New York and the U. S. Postal Inspection Service. The Commissions investigation is continuing. For more information, contact: Linda Thomsen Director, SECs Division of Enforcement (202) 551-4500 Fredric D. Firestone Associate Director, SECs Division of Enforcement (202) 551-4711Testimony Concerning Options Backdating by Christopher Cox Chairman, U. S. Securities and Exchange Commission Before the U. S. Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs September 6, 2006 Chairman Shelby, Ranking Member Sarbanes, and Members of the Committee: Thank you for inviting me to testify today about options backdating. This issue is one of intense public interest because it strikes at the heart of the relationship among a public companys management, its directors, and its shareholders. I appreciate the opportunity to explain the Commissions initiatives to deal with abuses involving the backdating of options. I am especially pleased to testify together with Chairman Mark Olson of the Public Company Accounting Oversight Board. I will let Chairman Olson speak to the steps the PCAOB is taking to address these issues from the auditing regulators perspective, but Id like to assure the Committee, and the public, that the Commission is working in close cooperation with the PCAOB in this important area. There are many variations on the backdating theme. But here is a typical example of what some companies did: They granted an in-the-money option-that is, an option with an exercise price lower than that days market price. They did this by misrepresenting the date of the option grant, to make it appear that the grant was made on an earlier date when the market value was lower. That, of course, is what is meant by abusive backdating in todays parlance. The purpose of disguising an in-the-money option through backdating is to allow the person who gets the option grant to realize larger potential gains-without the company having to show it as compensation on the financial statements. Rather obviously, this fact pattern results in a violation of the SECs disclosure rules, a violation of accounting rules, and also a violation of the tax laws. The SEC has been after the problem of abusive options backdating for several years. As a preliminary step in explaining the Commissions response to the problem of fraudulent options backdating, it would be useful to put the whole topic of options compensation into some perspective. As you know, during the last year the Commission has been intensely focused on the quality of disclosure of executive compensation. Very recently, we enacted new rules that will require, beginning with the next proxy season, the full disclosure of all aspects of executive and director pay and benefits. A key component of that disclosure will be compensation in the form of stock options, which has been a fast growing portion of executive pay since the early 1990s. Under the new SEC rules, all of an executives compensation will now be totaled into one number, so that it can be compared easily from person to person, company to company, and industry to industry. The new rules also require detailed disclosure of compensation in the form of stock options, which will show whether a company has backdated options, and if so, why. The purpose of the new executive compensation rules is to make the CEOs pay understandable to the shareholders who own the company. Of course, no new SEC rules would be necessary to make executive pay transparent, if executives were all paid in the form of salary. But beyond the obvious fact that the income tax code discriminates in favor of non-salary compensation that can be taxed as capital gains, one of the most significant reasons that non-salary forms of compensation have ballooned since the early 1990s is the 1 million legislative cap on salaries for certain top public company executives that was added to the Internal Revenue Code in 1993. As a Member of Congress at the time, I well remember that the stated purpose was to control the rate of growth in CEO pay. With complete hindsight, we can now all agree that this purpose was not achieved. Indeed, this tax law change deserves pride of place in the Museum of Unintended Consequences. There are other accounting and tax reasons, as well, that stock options over the years were increasingly included in the compensation packages of executives and non-executives. Beginning in 1972, the accounting rule was that employee stock options wouldnt have to be shown as an expense on the income statement-so long as the terms were fixed when the option was granted, and so long as the exercise price was equal to the market price on that day. Indeed, no expense would ever need to be recorded in the financial statements for fixed options that werent granted in-the-money. In addition to this favorable accounting treatment, there was a tax benefit. The million-dollar cap on the tax deductibility of executive compensation, which I mentioned earlier, doesnt apply to options granted at fair market value. So for companies that wanted or needed to pay compensation in excess of 1 million per year, the tax code outlawed deducting it if it was paid in a straightforward way through salary, but permitted a deduction if the compensation was paid through at-the-money options. And of course there were other reasons, many of them good ones with solid economic rationales, that companies wanted to use options as a form of compensation. For example, a properly-structured option plan can be useful in more closely aligning the incentives of shareholders and managers. And for growth companies, the use of stock options as compensation offers a way to conserve resources while attracting top-flight talent in highly competitive markets. All of these factors have contributed to the now-widespread use of stock options as compensation. But just as option compensation increased, so did the potential for abuse. And Congress deserves credit for taking preemptive action that we now know was critical to stopping the spread of the backdating contagion. Four years ago, in 2002, the Sarbanes-Oxley Act very presciently tightened up on the reporting of stock option grants. Before Sarbanes-Oxley, officers and directors didnt have to disclose their receipt of stock option grants until after the end of the fiscal year in which the transaction took place. So a grant in January might not have to be disclosed until more than a year later. SOX changed that, by requiring real-time disclosure of option grants. And in August 2002, shortly after the law was signed, the SEC issued rules requiring that officers and directors disclose any option grants within two business days. Not only must option grants now be reported within two business days, but this information was among the first required to be filed electronically using interactive data. Thanks to this new data-tagging technology, the public now has almost instant access to information about stock option grants. The following year, in 2003, the SEC took another important step that has helped increase the transparency of public company options plans. The Commission approved changes to the listing standards of the New York Stock Exchange and the Nasdaq Stock Market that for the first time required shareholder approval of almost all equity compensation plans. Companies have to publicly disclose the material terms of their stock option plans in order to obtain shareholder approval. Very importantly, the required disclosures include the terms on which options will be granted. And companies must tell their shareholders whether the plan permits options to be granted with an exercise price thats less than the market value on the date of grant. Then, in December 2004, the FASB issued Statement of Financial Accounting Standard 123R, which effectively eliminated the accounting advantage that had previously been given to stock options issued at-the-money. Since this new accounting rule took effect, all stock options granted to employees have to be recorded as an expense in the financial statements, whether or not the exercise price is at fair market value. This rule is nearly fully phased in. Most recently, in January of this year, the SEC proposed that public companies be required to more thoroughly disclose their awards of in-the-money options to certain executives. The Commission also proposed that companies be required to disclose the fair value of the option on the grant date, as determined under the new accounting rules. The Commission adopted final rules on these subjects on July 26, 2006. As a result, in the next proxy season beginning in the spring, all public companies will now report this information in clear, easy to understand tabular presentations. The tables will include: The grant date fair value under FAS 123R (which is aggregated in the total compensation amount that is shown for each named executive officer) The FAS 123R grant date The closing market price on the grant date if it is greater than the exercise price of the option and The date the compensation committee or full board of directors took action to grant the option, if that date is different than the grant date. Because the dates and numbers often dont tell the whole story, companies will also be required to discuss the policies and goals of their compensation programs-in plain English. The reports to investors will describe whether, and if so how, a company has engaged (or might engage in the future) in backdating or any of the many variations on that theme concerning the timing and pricing of options. For example, if a company has a plan to issue option grants in coordination with the release of material non-public information, that will now be clearly described. The Commission will continue to avail itself of every opportunity to clarify the rules and procedures for options issuance going forward. To that end, you can expect that the Office of the Chief Accountant will soon issue further public guidance on the accounting issues surrounding backdating. So, to recap, here is what has been done by way of prophylactic rules to eliminate the opportunities for abusive backdating. First, Sarbanes-Oxley has closed the disclosure loophole that permitted months and sometimes more than a year to elapse before option grants had to be reported. Second, a new accounting rule-FAS 123R-has eliminated the accounting benefit of granting at-the-money options. And third, the SECs brand new executive compensation rules now require a complete quantitative and narrative disclosure of a companys executive compensation plans and goals. That enhanced disclosure will make it clear whenever options are being backdated, and it will require an explanation of the reasons. These new rules will soon be complemented by additional accounting guidance on these subjects. Each of these steps by itself is an important contribution to preventing backdating abuse. In combination, they have effectively slammed the door shut on the easy opportunities to get away with secretive options grants. Thats why almost all of the stock option abuses our Enforcement Division has uncovered started in periods prior to these reforms. But while these accounting and disclosure rules changes have made it easier to detect and punish backdating abuses going forward, uncovering the problems from prior years has been quite a challenge. A few years ago, the SEC began working with academics to decipher market data that provided the first clues something fishy was going on. One of the academics with whom the SEC worked was Erik Lie of the University of Iowa, who subsequently published a paper in 2005 that showed compelling circumstantial evidence of backdating. Dr. Lies data showed that before 2003, a surprising number of companies seemed to have had an uncanny ability to choose grant dates that coincided with low stock prices. (In a follow-up paper this year, co-authored with Dr. Randall Heron of Indiana University, Dr. Lie demonstrated that this problem has greatly diminished since 2002, when the Sarbanes-Oxley Act shortened the time for reporting option grants to two business days.) With a fair amount of detective work, and with the aid of economic research conducted by the SECs Office of Economic Analysis, the Commission succeeded in turning what had begun as mere evidentiary threads into solid leads. Eventually, some of the evidence we began turning up was so compelling that several U. S. Attorneys took a criminal interest. Over the past several years, our inventory of backdating and related investigations has grown substantially. And beginning three years ago, the SEC has brought several enforcement actions against companies and individuals for fraudulent option practices. For example, in 2003, the Commission charged Peregrine Systems, Inc. with financial fraud for failing to record any expense for compensation when it issued incentive stock options. The SECs complaint alleged that at each quarterly board meeting, the companys directors would approve a total number of options for employees. The company would then allocate the options to the employees during the quarter. But the options wouldnt be priced until the day after the next quarterly Board meeting. On that day, the company looked back at the market price of its stock between the two quarterly Board meetings, and picked the lowest price. That turned the options into in-the-money grants. But even though accounting rules required that they then be recorded as compensation expense, the company didnt do that. As a result, Peregrine understated its expenses by approximately 90 million. The following year, in 2004, the SEC brought a case involving the manipulation not of option grants, but of exercise dates. Our complaint charged that Symbol Technologies, Inc. and its former general counsel fudged option exercise dates so that senior executives could profit unfairly at the companys expense. Rather than use the actual exercise date as defined by the companys option plans, the general counsel picked the most advantageous date from a 30-day look-back period in order to come up with a lower exercise price. This was done without board approval or public disclosure. The SEC charged that to create the false appearance that these exercises had actually occurred on the chosen dates, the companys general counsel had instructed his staff to backdate the relevant documents, and to substitute phony exercise dates on the forms the executives used to report their option exercises to the SEC and the public. The result, according to the complaint, was a serious misstatement of the companys stock option expenses. When the company subsequently restated its improper accounting, the cumulative net increase in reported stock option expenses was 229 million. The amount would undoubtedly have been higher had it not been for the passage of the Sarbanes-Oxley Act. Thanks to the Acts new two-day deadline for reporting options transactions by officers and its prohibition on company loans to officers and directors, the company and its general counsel had put a halt to the look-backs because the law had rendered the practice unfeasible. While the alleged manipulations of option grants and exercises in these two cases were part of larger accounting fraud charges, two more recent cases have focused solely on option practices. These are the Brocade and Comverse actions that the SEC filed in July and August of this year. The executives charged in these cases are contesting the SECs allegations. In July, the SEC filed a civil fraud action against three former executives of Brocade Communications Systems, alleging that the former CEO and the former Vice President of Human Resources routinely backdated stock option grants to give employees favorably priced options without recording the necessary compensation expenses. Specifically, the SECs complaint alleges that the CEO caused Brocade to grant in-the-money options to both new and current employees between 2000 and 2004, and then backdated documents to make it appear that the options were at-the-money when granted. This had the effect of concealing millions of dollars in expenses from investors. The complaint alleges that the CEO repeatedly used hindsight to select a date with a lower stock price from the recent past as the purported option grant date, and that, to facilitate the scheme, the Human Resources executive created, or directed others to create, false paperwork making it appear that the options had been granted on the earlier date. The complaint alleged that, in some instances, employment offer letters and compensation committee minutes were falsified to suggest that options had been granted to employees before they had even been hired by the company. The SECs complaint also charged Brocades former CFO, alleging that he learned of the backdating after joining the company but took no action to correct or halt the practice and instead signed Brocades SEC filings. When these stock option practices surfaced, Brocade was required to restate and revise its financial statements for six fiscal years, from 1999 through 2004. The scheme resulted in the inflation of Brocades net income by as much as 1 billion in the year 2000 alone. Simultaneously with the filing of the SECs complaint, the U. S. Attorneys Office for the Northern District of California separately filed criminal charges against the former CEO and the former Vice President of Human Resources for the same misconduct. In the second recent case, the Commission filed a civil fraud complaint last month against three former senior executives of Comverse Technology, Inc. alleging that they engaged in a decade-long fraudulent scheme to grant undisclosed, in-the-money options to themselves and to others by backdating stock option grants to coincide with historically low closing prices of Comverse common stock. The complaint alleges that from 1991 to 2002, Comverses founder and former Chairman and CEO repeatedly used hindsight to select a date when the closing price of Comverses common stock was at or near a quarterly or annual low. According to the complaint, the CEO then communicated this date and closing price to Comverses former general counsel who, with the CEOs knowledge, created company records that falsely indicated that a committee of Comverses board of directors had actually approved the option grant on the date the CEO had picked. The complaint also alleges that Comverses former CFO joined the scheme no later than 1998, and assisted in selecting backdated grant dates. It is alleged that each of the three defendants realized actual illicit gains from the backdating when they sold stock they acquired from exercises of backdated options, including at least 6 million by the CEO alone. In addition, the complaint alleges that the former CEO and CFO created a slush fund of backdated options between 1999 and 2002 by causing options to be granted to fictitious employees and, later, used these options to recruit and retain key personnel. Comverse has publicly announced that it expects to restate historical financial results for multiple years in order to record material charges for option-related compensation expenses. Simultaneously with the filing of the SECs complaint, the U. S Attorneys Office for the Eastern District of New York unsealed a criminal complaint charging these three executives with conspiracy to violate the antifraud provisions of the federal securities laws, wire fraud, and mail fraud by engaging in the same scheme. These cases demonstrate some of the variations on the basic theme of fraudulent backdating that the Commission has uncovered. They involve backdated option grants that are more profitable to recipients backdated option exercises that reduce recipients taxes at the expense of shareholders options granted to top executives and options granted to rank and file employees. They involve actual personal gain to wrongdoers, and real harm to companies that failed to properly account for the options practices. Unfortunately, these cases that Ive used as illustrations are not the only matters the SEC has under investigation. The SECs Division of Enforcement is currently investigating over 100 companies concerning possible fraudulent reporting of stock option grants. The companies are located throughout the country, and include Fortune 500 companies as well as smaller cap issuers. They span multiple industry sectors. You should not expect that all of these investigations will result in enforcement proceedings. At the same time, we have to expect other enforcement actions will be forthcoming in the future. The SECs Enforcement staff is sharing information related to its investigations with other law enforcement and regulatory authorities as warranted and appropriate, including the Department of Justice, the Presidents Corporate Fraud Task Force, U. S. Attorneys offices around the country, the Federal Bureau of Investigation, and the Internal Revenue Service. In our rulemaking, our provision of accounting and final regulatory guidance, and our enforcement programs, the SEC has been and will remain vigilant in the battle against fraudulent options backdating. The agency is grateful for the opportunity to provide you with this update on a very important subject. I am happy to take any questions you may have.